martes

VOTO PREFERENCIAL

Escribe: Pedro Morales Mansilla.

Ante los escándalos protagonizados por la falta de idoneidad -cuando menos ética- de ciertos “nuevos” rostros del actual Congreso, vuelva a escena la necesidad y urgencia de un amplio y profundo debate en torno a temas que inciden en su institucionalidad y la de los partidos, así como en la selección de candidaturas a cargos de elección popular.

Respetables analistas, que no exhiben vida partidaria, se inclinan -como entre octubre del 2008 y julio del 2009, ante iniciativas de UN y el APRA- por endilgarle en mayor proporción al voto preferencial, las debilidades y consecuencias que resultan de los procesos de “democracia interna” de los partidos y de las elecciones generales para elegir a funcionarios por el voto ciudadano. Es el caso de los congresistas.

El tema debe llevarnos a una reforma del sistema político, resultado del debate que debe incluir el restablecimiento de la bicameralidad, financiamiento de partidos, valla electoral, requisitos para mantener inscripciones, participación de invitados en las listas, democracia y elecciones internas con participación de ONPE y JNE en los partidos, voto facultativo, voto preferencial, listas cerradas, revocatoria de congresistas, inmunidad parlamentaria y transfuguismo; como mínimo, para lograr el objetivo.

Centrándonos en el voto preferencial; su eliminación constituiría un gravísimo error y no solucionaría los preocupantes niveles de los que llegan al Congreso, si es que previamente no se establece un marco legal y dentro de éste la adecuación estatutaria, que garanticen a plenitud una auténtica y real práctica (elecciones internas e institucionalidad) de democracia interna en los partidos, lo que pasa por procurar su financiamiento y reconocer en la ciudadanía su derecho a escoger, aun del menú final que se le presenta.

Si no se garantiza respeto a la voluntad de los militantes, se corre el riesgo que las cúpulas terminen decidiendo cuales son los candidatos, y los poderes fácticos corruptos –que los hay- terminen negociando con éstas o con los que encabezan las listas cerradas; total, les sería más fácil negociar intereses con el 20 % promedio del total de candidatos, que con el cien por ciento, pues con el sistema del voto preferencial, cuando menos en teoría, todos tienen similares probabilidades de ser elegidos.

El argumento de que el Voto Preferencial es “perverso” porque enfrenta a candidatos de la misma lista y hace que prevalezca el que más “invierte”, no es razón valedera para su eliminación, pues si no hay garantías para una auténtica democracia interna, igual, habrá una elección entre listas cerradas, sin garantía que en una sola se concentre lo mejor del partido -salvo que en ese nivel la elección se defina con voto preferencial- y con prevalencia del dinero, igual habrá un enfrentamiento “fratricida”.

El dinero se impone, no solo por el voto preferencial, toda vez que el costo de las campañas, a consecuencia de la participación de los grupos de poder económico que también tienen derecho a apoyar a quien deseen o presentar sus propias candidaturas, es elevadísimo, razón para demandar se cumpla el artículo de la Ley de Partidos que establece el financiamiento del Estado, y éste asuma su rol regulador en el mercado de propaganda electoral, antes de solo emprenderla con el voto preferencial, que no impide a las colectividades políticas postular a sus mejores cuadros en elecciones bien organizadas y con la fiscalización competente.

Lima 22 de octubre de 2011

Amigos, me será grato recibir sus comentarios sobre mis puntos de vista relacionados con el Voto Preferencial hacia mi facebook. Gracias.

lunes

PRIMER ANIVERSARIO DEL CODIGO DE CONSUMO


Escribe: Pedro Morales Mansilla.
“En suma, hay compromiso y necesidad de crear un auténtico sistema de protección al consumidor que involucre al Estado, considerando como sustancial la descentralización de sus mecanismos a través de de los gobiernos locales. Es decir, un auténtico código de consumo”, es el último párrafo del artículo que publicamos el 25-1 ...1-2009 en “El Comercio”, que recordamos como parte de una somera evaluación en el primer aniversario de vigencia del código de consumo.

Su promulgación constituyó un paso adelante en el camino hacia la modernidad, puede considerársele como instrumento para la inclusión social, que entre sus bondades destaca la implementación del Libro de Reclamaciones en las entidades que brindan bienes o servicios porque empodera al consumidor y que, pese a su escasa difusión ha despertado el interés por los derechos de los consumidores; sin embargo, es evidente que adolece de las imperfecciones que advertimos con oportunidad.

INDECOPI, que va a cumplir 20 años de creación, no ha logrado organizar oficinas ni en el 10% de las 195 provincias del país, en consecuencia no cubre la necesidad de los servicios para los que fue creado y menos lo está haciendo para atender las necesidades de los consumidores, lo que es peor, ha renunciado a su responsabilidad de procesar los datos y constancias de los Libros de Reclamaciones, que bien pueden servir para identificar las áreas críticas y procurar la medidas correctivas.

Si la intención es crear un auténtico sistema de protección al consumidor, insistimos en modificar el código creando una autoridad autónoma que descentralice sus actividades a través de las municipalidades, autoridad que por su naturaleza está más cerca de los consumidores y puede en un solo acto prestar la logística e infraestructura en 1836 distritos, cubriendo todo el país. Es preocupante que no se las convoque, ni si quiera en cumplimiento de la ley vigente para crear el Sistema de Arbitraje de Consumo, instancia que debe resolver conflictos.

Otra preocupación es la que genera su Reglamento, porque según los autores del anteproyecto de ley que sirvió para la elaboración final del código, no acoge los principios de la soberanía del consumidor que éste contiene, poniendo en riesgo la viabilidad de hacer del mercado un eficaz instrumento de inclusión, por lo menos durante el tiempo en que la norma funcione, antes de su necesaria revisión y perfeccionamiento en pro de un sistema descentralizado y realmente libre de cualquier sumisión al poder político y compromisos con posiciones de dominio.

Es importante continuar con el análisis del primer año y el debate sobre su perfeccionamiento.

Lima, 20 de octubre de 2011.